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Anunciaba el Secretario de Estado de Comercio, Sr. García Legaz que a propósito de la celebración del Comité de Dialogo del Sector del Automóvil, uno de los temas a tratar sería la reforma de la tributación  del automóvil en nuestro país.


Desde una parte importante del sector se ha defendido la oportunidad de acometer la reforma de la tributación del Automóvil despejando un sistema complejo con varios impuestos en juego, fundamentalmetne  IVA (IGIC en el caso de Canarias), Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes e Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el conocido como impuesto de circulación. Los dos primeros impuestos tienen carácter estatal, aunque en el segundo de ellos la recaudación final es de las Comunidades Autónomas. El tercero, es de carácter municipal. En cualquier caso, se trata de impuestos de cierta complejidad, sobre todo en el caso de Canarias respecto al IGIC, con una importante variación de tipos aplicables, y respecto a los que se usan todavía criterios de delimitación obsoletos, como determinación de la tributación sobre los caballos fiscales del vehículo.


Igualmente una parte importante del sector, fundamentalmente fabricantes y distribución han abogado por la desaparición de los impuestos a la venta y centrar la imposición en el uso del vehículo. Y respecto al uso, los planteamientos realizados van en la dirección de que la fiscalidad se centre en factores medioambientales y antigüedad.  Es decir, que la fiscalidad sea mayor mientras más antiguo sea el vehículo y más emisiones contaminantes produzca.


En teoría la propuesta no es, desde mi punto de vista, negativa, ya que por una parte la hipotética reducción de precios de venta (que puede llegar a más del 30% del valor del vehículo) permitiría animar y facilitar la adquisición de vehículos nuevos por los  clientes mejorando los parámetros de seguridad, consumo y emisiones, probablemente mejorando así los ratios de renovación del parque. Por otra parte, desde el punto de vista la recaudación estaría mejor garantizada, ya que aunque desaparece la recaudación inmediata en la venta, un sistema de fiscalidad al uso permite garantizar la recaudación durante mayor tiempo y sobre todo para las administraciones mas necesitadas, los ayuntamientos.


Ahora bien, lo que entiendo es que un cambio como el propuesto debería analizarse con sumo cuidado, fundamentalmente respecto a la carga fiscal que significaría para los ciudadanos pagar cada año un impuesto de circulación “inflado”. Dicho de otra manera, de realizarse la reforma fiscal, la distribución del impuesto perdido por la reducción o desaparición de la tributación en la entrega no debe suponer para los ciudadanos mayor carga fiscal total.


Desde mi punto de vista, gravar a tipos altos el uso  del vehículo puede ser también un importante elemento que desincentive la adquisición de un vehículo nuevo para el ciudadano, convirtiendo al automóvil por su fiscalidad y por su mantenimiento en una pesada carga financiera de la que huir.


Es por ello que el sector debería estudiar muy bien las propuestas que se realizan -hasta ahora el famoso informe de los sabios apuntaba en la dirección comentada-  haciéndolo con altura de miras.  Con los ojos puestos no al corto plazo sino con una perspectiva mucho más amplia, no vayan a apoyarse decisiones de las que arrepentirse en el futuro.

 
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