¿UNA GUAGUA RÁPIDA PARA LA CAPITAL GRAN CANARIA?

¡Menuda se ha armado con esto de la guagua rápida!, también conocida por BRT o en terminología inglesa, que si no no suena bien, Bus Rapid Transit. La última que ha saltado ha sido a colación de la protesta de las consultorías de ingeniería que abominan de la forma escogida por el Ayuntamiento capitalino para realizar la adjudicación de algunas de las obras que conllevará la puesta en marcha de este macroproyecto.

Desde nuestra federación hemos sido críticos con esta propuesta del Ayuntamiento desde sus inicios. Aunque es verdad que la guagua rápida, en adelante GR, es, dentro de los sistemas de transporte de alta ocupación el más factible, por la sencilla razón de que partiendo de la base de que es la plataforma reservada la que permitiría en su caso mejorar los servicios en el sentido pretendido, es decir con menos interferencia del tráfico y como consecuencia mejorando el servicio fundamentalmente en velocidad de recorrido, no es menos cierto que es un sistema mucho más barato, en cuanto a su inversión, que sus más directos competidores, que serían el metro y el tranvía. Además, es un sistema mucho más flexible, dado que un sistema tranviario o de metro la avería o rotura en una línea perjudica todo el servicio, mientras que una guagua es fácilmente sustituible y transportable.

Efectivamente, un sistema de metro no tendría sentido en la capital, dado que no existe masa crítica de viajeros suficientes para justificar una inversión como la que requiere este tipo de transporte. El tranvía padece de altos costes de construcción como de mantenimiento, amén de la falta de flexibilidad que igualmente plantea este sistema.

En esta tesitura, entendemos que de hacer una inversión en transporte colectivo de alta capacidad en principio, para una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, este medio sería el más adecuado.

Sin embargo, las cuestiones que se plantean son varias. Por una parte, la capital grancanaria tiene un transporte público de éxito. En los últimos años simples políticas de reordenación de líneas han generado mejoras destacadas respecto al aumento de usuarios. Igualmente, las velocidades medias de recorrido son más que aceptables. Desde nuestro punto de vista, la ciudad no resulta incomoda para los usuarios del transporte público que dan una valoración buena general al servicio, más allá de las condiciones en las que se mueven los usuarios del transporte público. Así planteadas las cosas, la primera cuestión que se plantea es si realmente se hace necesaria una GR como la planteada para reducir los trayectos en solo unos minutos.

La segunda cuestión tiene que ver con el coste de la esta intervención. Se comenzó hablando de un proyecto que estaba en torno a los 70 millones de euros de inversión. A día de hoy ya se está hablando de 125 millones de euros. La cantidad es lo suficientemente importante como para preguntarse si nuestra ciudad no tiene otras cuestiones previas que atender, desde luego más urgentes, que mejorar de manera muy limitada el servicio de transporte público que ya funciona, mejora contra la que no nos oponemos, pero que nos hace pensar, como segunda cuestión si, para un resultado como el esperado, se puede invertir el tiempo y el dinero que implica nuestra GR.

La tercera cuestión que se nos plantea tiene que ver con la transparencia de los proyectos públicos. El único estudio de que disponemos sobre esta obra de infraestructura es el promovido por la misma empresa que actualmente desarrolla el servicio de transporte público de la ciudad. Nos preguntamos ¿cómo es posible que no se haya realizado un informe totalmente independiente que analice el impacto de la obra y determine, si fuera el caso, la justificación económica y social del proyecto? Como siempre hemos apuntado, se debe invertir, si hay razones justificadas para ello, en la mejora del transporte público, sobre eso no tenemos duda. Pero en tal circunstancia, tenemos lógicamente que buscar la alternativa que sea más factible desde el punto de vista económico y social. No se pueden realizar obras porque son más bonitas o porque existe una hipotética demanda social que la apoya, hay que actuar de manera objetiva, pues se trata, como en este caso de inversiones de envergadura que no puede estar al albur de la opinión, muchas veces insensata de los políticos.

Así las cosas, nos mantenemos en la idea de que no podemos plantar un NO rotundo a la GR, pero si debemos exigir transparencia, justificación del gasto y sobre todo seriedad y responsabilidad en la toma de decisiones que nos afectan a todos.

RPC