NUEVAS EXIGENCIAS A LA ENTIDADES LOCALES EN TORNO A LOS ZBE.

FREDICA. 13-11-2026

El pasado 6 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto 953/2026 que modifica el Real Decreto 1052/2022, regulador de las Zonas de Bajas Emisiones. Esta modificación tiene como objetivo exigir de manera más estricta, la implantación real de las ZBE. En este sentido, los municipios tienen la obligación de acreditar documentalmente y de manera estricta que sus ZBE no son meras declaraciones sobre el papel, sino áreas con restricciones operativas y controladas de forma efectiva.

Además, se pone fin a las moratorias y sistemas de aviso ficticios, y deben acreditar la existencia de restricciones reales, imponiendo el régimen sancionador de manera estricta. Deben integrarse con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la DGT y se establece que las entidades locales tienen además que demostrar el complimiento fehaciente como condición indispensable para acceder a financiación con fondos e instrumentos destinados a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Aunque el sector evidentemente comparte el objetivo de avanzar hacia un parque móvil más limpio e igualmente la necesaria renovación del parque móvil siendo las ZBE un instrumento para ello, ocurre con esta normativa lo mismo que respecto al tratamiento de las emisiones de CO2 en la UE y los plazos de adaptación del sector. A veces es más efectiva una aplicación tranquila o pausada que el establecimiento de normas brillantes sobre el papel, pero poco realistas en cuanto a su aplicación. La alta conflictividad en los tribunales respecto a la aplicación parece no afectar al legislador.

En el contexto actual de Canarias endurecer las normas y establecer sanciones solo va a perjudicar a las clases sociales más débiles que no tienen posibilidad de acceder a la renovación de sus vehículos, sobre todo si la exigencia se centra en renovar parque con vehículos eléctricos y electrificados y se desdeña a los vehículos de combustión excluyendo el principio de neutralidad tecnológica y aplicando un sistema de etiquetado ambiental muy cuestionado en el entorno europeo.

España escogió la fórmula de las ZBE para conseguir los objetivos marcados por la UE, ahora se ve como las entidades locales, a la que vuelven a forzar, se han visto presionadas por la realidad social y su propia organización que les dificulta el cumplimiento en los plazos de aplicación marcados por la normativa estatal. Además, este cumplimiento fehaciente se vincula en la práctica con las exigencias del Ejecutivo para que los ayuntamientos puedan mantener o acceder a los fondos e instrumentos de financiación destinados al transporte urbano.

RPC

FREDICA.